Algunas puntualizaciones necesarias

Algunas puntualizaciones necesarias

La admisión a trámite de la demanda que hemos interpuesto contra el Consejo de Dirección del partido los militantes expedientados por la decisión de este Consejo, ha suscitado una serie de reacciones que merecen algún comentario. Naturalmente no nos ha sorprendido la nota emitida el pasado día 19 por el propio Consejo, afirmando que “sí conocíamos la voluntad de los expedientados de hacer todo lo posible para impedir que celebremos en paz nuestro Congreso”, para terminar tachándonos directamente de “nuestros enemigos”. Cuando hay que defenderse con estos argumentos hay que colegir que algún fundamento debe de tener la demanda.

Sin ahondar en estas consideraciones, oír estas cosas produce una enorme tristeza. Esta sensación es todavía mayor cuando son nuestros propios compañeros de filas los que nos descalifican de palabra –generalmente en reuniones o asambleas de partido sin que podamos estar presentes- o por escrito (habitualmente firmando con seudónimos en los diferentes blogs existentes), sin más argumentos la mayoría de las veces, que la injuria o la mentira política. Hay que creer –yo, al menos, lo pienso así- que estos comportamientos obedecen más a la falta de información que a la mala fe. Seguramente a estos afiliados les resulta más cómodo pensar que somos un grupo de “resentidos, mentirosos y caraduras” (Gorriarán dixit), que sólo queremos destruir el partido, que no el que nos hayan movido motivos serios que anclan sus raíces en el Manifiesto fundacional y en nuestros Estatutos.

Quizá, para dejar clara la determinación que nos ha impulsado a presentar la demanda conviene puntualizar, al menos dos cosas:

Nos hemos visto obligados a recurrir al amparo judicial porque al sernos aplicada una medida cautelar de suspensión de militancia –figura que no se contempla en los Estatutos del partido- y al haberse ignorado (y, por lo tanto, vulnerado) el procedimiento contradictorio que recoge la Ley de Partidos (y también el artículo 9 de nuestros propios Estatutos) de ejercer el derecho a ser oídos con carácter previo a la adopción de la medida sancionadora, nos ha dejado en una situación de notoria y evidente indefensión. Y a esto hay que añadir que todos los intentos que hemos hecho de resolver esta situación por la vía del diálogo han fracasado.

En una situación en la que se nos despoja de nuestros derechos de afiliados de una forma dudosamente legal, ¿qué teníamos que haber hecho? ¿Esperar a que se nos comunicara la expulsión definitiva del partido, o a que se nos perdonara la vida una vez transcurrido el Congreso? ¿Y en nombre de qué íbamos a adoptar esta actitud? ¿En nombre de un ente superior, que se le tiene que suponer por encima de los derechos civiles fundamentales, y que se llama PARTIDO? Pues nosotros hemos creído que cuando la dignidad de las personas – que no es otra cosa que la conciencia de ser acreedor de derechos- es pisoteada no queda otra opción, en un Estado de Derecho, que recurrir. Es lo que hemos hecho, porque la medida que se ha tomado contra militantes que tenemos una identificación total con el proyecto político de UPyD, y que hemos demostrado una entrega incondicional de forma altruista –de ser meros arribistas no estaríamos en esta situación- nos ha parecido, además de ilegal, una ignominia.

En cualquier caso, nuestros compañeros están en su derecho de no aceptar nuestras razones, que tienen una raíz política más profunda que la interposición de la propia demanda, y que no es otra que reconociendo que en España los partidos políticos no cumplen con el artículo 6 de la Constitución –o sea, que no son democráticos- ya es hora de que, legalmente, se aborde esta situación y se impida que las cúpulas partidarias puedan someter a sus afiliados a la condición de mano de obra barata y a vivir en una situación de pura subalternidad. En definitiva, que se instrumenten las medidas jurídicas adecuadas para que los afiliados de cualquier partido disfruten de los mismos derechos que la Constitución otorga a cualquier ciudadano. Si nuestra demanda sirviera para tomar conciencia de esta situación, sólo por esto, nos podríamos dar por satisfechos. Estamos hablando de algo muy serio. Los partidos no pueden vivir en una burbuja ajenos al Estado de Derecho, y no pueden estar por encima de la Constitución, de la Ley de Partidos y, en general, de las leyes de la Democracia. Y esto vale para todos los partidos, incluido el nuestro, cuya razón de ser ha sido colocar en el frontispicio de su programa la Regeneración Democrática, que en nuestro país es tanto como decir que tendremos que empezar por regenerar los partidos políticos.

Es evidente que esta situación no tenía que haber llegado a los Juzgados. Sí así ha sido es porque la Dirección del partido, como apuntaba más arriba, ha adoptado una postura de fuerza y ha decidido llevarla hasta el final, sin medir las consecuencias, que –a corto plazo- son funestas para todos. Querer disfrazar, lo que no es más que lisa y llanamente una purga política, con argumentos legales, donde sólo hay motivos políticos, es deslizarse por un tobogán. Llegados a este momento, ¿es posible retrotraer esta situación a los cauces del acuerdo político de donde nunca debió salir? Es difícil contestar a esta cuestión. La solución no está en nuestras manos, después de no haber dejado de repetir que no queremos abandonar un partido que hemos contribuido a fundar, con el ánimo de cubrir un espacio político en la democracia española que la sociedad reclama porque los demás partidos no lo llenan. Pero insisto, la decisión de abordar una vía de solución no la tenemos nosotros. La salida pasa, en primer lugar, por la propia Dirección del partido, que tiene que mostrar la voluntad de abrir un punto de encuentro que sirva para resolver el problema. Hablando con claridad, la situación está en manos de Rosa Díez, si es capaz de apostar por un liderazgo integrador, en un partido que se reclama de vocación plural y transversal, frente al principio de autoridad, que de reafirmarse en él, nos abocaría definitivamente a un punto de no retorno. En segundo lugar, los afiliados tienen que dar un paso al frente, situar a la Dirección ante su responsabilidad y exigirle la solución razonable del conflicto de la única forma posible: levantar los expedientes y permitir la celebración de un Congreso que nos acoja a todos, sin trampas ni condicionamientos de ningún tipo. Este sería el horizonte más sensato, lo contrario dejaría al partido, cuando todos los vientos soplan a su favor, ante un futuro que se nos antoja incierto.

Gerardo Hernández Les
Andalucía - Málaga