La Ley de Hierro

La Ley de Hierro

Una vez celebradas las elecciones europeas, es el momento de abordar algunos problemas que el lógico sometimiento a la primacía de la campaña nos impedía hacerlo. Los resultados de las mismas, siendo moderadamente buenos desde el punto de vista del crecimiento comparativo, se compadecerían de otras interpretaciones más exigentes; pero no es nuestro propósito entrar en su análisis concreto, aunque la reflexión que sigue no pueda separarse de los fines (y resultados) electorales. El futuro del partido, y su presencia institucional para lograr las metas que motivaron su nacimiento, guarda relación con el grado de cohesión que se alcance en el interior del partido. Es esto de lo que queremos hablar.

Es paradójico que a medida que los mensajes de UPyD van teniendo una mayor aceptación entre los electores, sea dentro del partido donde la dificultad de entendimiento se va haciendo más patente. Lo ocurrido en el Consejo Político del pasado 28 de marzo sólo es una muestra de lo dicho, y no es una exageración afirmar que el clima de inquietud y de escepticismo ha ido cundiendo en el seno de UPyD por parte de muchos afiliados a lo largo de los últimos meses transcurridos. Este es un hecho real, que no se saca a la luz por incordiar a nadie, sino por facilitar una discusión necesaria y razonable que permita abordar este problema, que es una forma de empezar a resolverlo. Sin duda, mejor que la de ocultarlo.

El grupo de escépticos y desanimados no es precisamente un grupo de pasotas, sino de gentes con un alto grado de idealismo, en su mayor parte, algunos de los cuales han entregado mucho trabajo y esfuerzo al partido, pero que les resulta muy difícil de entender su militancia cuando la disciplina, que es exigible e imprescindible a cualquier organización política que quiera cumplir con sus objetivos, no se acompaña de un exigible grado de democracia interna que la legitime. Estos militantes se encuentran en desventaja con quienes anteponen sus fines (menos idealistas) de promoción personal en los aparatos de los partidos a la democracia interna. Ya sabemos que cuando se da esta situación la igualdad entre los afiliados se rompe, que el conflicto deviene inevitable, que el aparato suele terminar ganando y la democracia perdiendo, si no se produce un proceso de concienciación colectiva de difícil generación.

Esto es lo que está pasando. Y el resultado es que hay militantes que se van a su casa harto decepcionados, otros han ido siendo relegados, y también están los que han sido expedientados. Y, al final, lo que ocurre es que se está empezando a producir entre nosotros un proceso de selección negativa (donde se promociona a los más mediocres, pero fieles, y se arrincona a los más válidos), que denunciamos cargados de razón cuando se da en otros partidos, y a cuya influencia achacamos no poca responsabilidad en los problemas que padece nuestra democracia.

Ante esta situación de innegable desaliento, soy de los que creo, al igual que otros muchos, que hay que reconducir el proyecto de UPyD hasta los propios fundamentos que dieron lugar a su creación el 29 de septiembre de 2007. Quienes contribuimos a su fundación desde prácticamente el primer momento –o quienes han llegado después- no tenemos por qué pensar en abandonar el partido por el hecho de que se produzcan diferencias con la Dirección en la manera de entender políticamente la estructura organizativa –que no afectan directamente a las líneas básicas del programa ni a la acción política- aunque sí al dato esencial de darnos un modelo de partido u otro, que es tanto como definirnos sobre la forma de ejercer la democracia, y que, inevitablemente, será la imagen que proyectemos hacia el exterior.

Es por eso, que quienes hemos advertido de esas diferencias, ni creemos que tengamos que irnos, ni estamos dispuestos a marcharnos, aunque se nos pueda colocar en una situación de cierta incomodidad. Ejercer la crítica, cuando se hace respetuosamente y sin ataques ad hominem, es un derecho, no un delito del que haya que avergonzarse. El partido es de todos, no es una marca registrada bajo el nombre particular de nadie. Las diferencias se resuelven en el debate interno y se sancionan con mayorías y minorías, que tienen su reflejo en los órganos de representación elegidos, que serán aceptados por unos y otros, siempre que las reglas de juego establecidas hayan sido las mismas para todos y las condiciones de igualdad sean las que recoge el artículo 23.2 de la Constitución. La igualdad es la palabra clave en los discursos de UPyD cuando se dirige al conjunto de la sociedad; y esa igualdad, que queremos que sea una realidad en las relaciones entre españoles, también queremos que lo sea en el seno de nuestro partido. El llegar a materializar esta esperanza fue una de las razones que atrajo al partido a mucha gente que no arrastraba la cultura autoritaria de los viejos partidos, o se había desprendido de ella.

Las condiciones de democracia limitada –pero que fueron aceptadas por todos- para que el partido pudiera comenzar su andadura, tenían fecha de caducidad hasta la celebración del Congreso. Una vez convocado éste ya no es aceptable mantener las mismas estructuras de poder con las que hemos funcionado hasta ahora. El desagradable debate que se vivió en el Consejo Político al que hacíamos referencia más arriba, tiene su origen en la presentación –y posterior aprobación- de un Reglamento para el Congreso que pretende mantener la situación actual con una mera aplicación de maquillaje. No puede entenderse de otra manera el hecho de que el citado Reglamento establezca elección con listas abiertas para el Consejo Político –que es un órgano destinado a ser puramente deliberativo con mínima capacidad de decisión- y, por el contrario, el Consejo de Dirección –máximo órgano ejecutivo y de control- se elegirá en lista cerrada y bloqueada presentada por el/la Portavoz.

A las alturas de la historia en la que estamos viviendo (y en el caso particular de la España partitocrática en la que estamos instalados), el sistema de listas completas, cerradas y bloqueadas supone una restricción clara de la libertad de elección de los ciudadanos (y de los afiliados a los partidos políticos), y en un partido que se pretende alternativo a las formaciones tradicionales y que tiene como guía de su acción política la regeneración de la democracia, es más que una contradicción, es una negación flagrante de sus principios fundacionales. Después de habernos cansado de enviar a la sociedad el mensaje de las listas abiertas –como faro de la regeneración- la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo justifica la actual dirección del partido esta decisión?

Tratar de basarla en la necesidad de hacer equipos compactos, sin fisuras, que garanticen la toma de decisiones sin perderse en muchas discusiones –con el riesgo de quedarse en minoría en alguna ocasión- es la misma argumentación que explica la existencia de los rígidos aparatos que gobiernan al PSOE y al PP, a los que tanto criticamos por su falta de democracia interna.

Querer blindar un aparato férreo que mantenga al partido al abrigo de situaciones de posible desintegración como las que está sufriendo Ciudadanos, es otra forma de intentar desviar el problema. Como si el problema de Ciudadanos tuviera que ver con la ausencia de disciplina, con la falta de “mano dura”, o con un exceso de democracia interna.

No hay que buscar coartadas para no enfrentarse con la realidad. En España, los partidos políticos surgidos de la Transición –algunos eran una mera reencarnación de si mismos- han evitado siempre su democratización interna. El grupo de dirigentes que se hace con el poder ha considerado éste como un objeto de propiedad privada hereditaria, y se ha ido renovando endogámicamente, huyendo siempre de las elecciones primarias y las listas abiertas.

Cuando nace UPyD, lo hace, entre otros objetivos, para denunciar esta situación y crear un partido ejemplarmente alternativo. Hasta ahora podemos admitir que no ha tenido tiempo para hacerlo, pero si después del Congreso de otoño mantiene la misma estructura de control vigente hasta hoy, nadie podrá defender que estamos ante un partido diferente a los demás. Pretender que el nombramiento discrecional por parte de el/la Portavoz de todos y cada uno de los miembros del Consejo de Dirección, nos haría más democráticos que nadie por el hecho de poder presentar cuantas listas cerradas quisiéramos, sería una especie de fraude a nuestros principios fundacionales, y no pasaría el test de la opinión pública.

Creo que todavía hay tiempo para resolver este problema en los términos que den satisfacción a todos. Somos muchos los que pensamos así, y estamos convencidos que el Congreso, siendo soberano, zanjará positivamente este debate si impera la voluntad política de acuerdo. Los grandes retos que tiene planteados el partido –y aquí no existe ningún desacuerdo- tales como las reformas que atañen al modelo territorial, a la Justicia, a la Educación, a los derechos lingüísticos, etc. etc., no es posible afrontarlos sin salir del Congreso como un partido unido.

Concepto éste de la unidad que no es sinónimo de unanimidad. En la época que nos ha tocado vivir, unanimidad es equivalente a exclusión, marginación, represalias, etc. Cualquier dirección política partidista que la pretenda sólo puede hacerlo desde el sectarismo, y siempre hay una frase que define su voluntad: “todavía no hay condiciones para abrir el partido”. Quienes hablan así saben muy bien que esas condiciones nunca se darán. Esta es la Ley de Hierro de los partidos, que en España nadie ha sido capaz de romper.


Gerardo Hernández Les
Andalucía - Málaga
Miembro del Consejo Político