La Ponencia de Estatuto y la Enmienda a la Totalidad

La Ponencia de Estatuto y la Enmienda a la Totalidad

La Ponencia de Estatuto de UPyD tiene más de cincuenta páginas. Leerla entera y aún más analizarla requiere invertir tiempo y no es precisamente entretenido. Sin embargo, resulta muy revelador de las probables intenciones de sus autores y permite entrever las consecuencias de su aplicación. Ambas cosas son cruciales para quien desee tomar postura ante ella, bien sea votando a su favor o en su contra, bien sea criticándola como asunto público y político que es. Pero, sobre todo, es la prueba definitiva de si UPyD está siendo encaminado por su actual Dirección hacia lo que se pactó en su fundación y en su Manifiesto, así como de si se va a tratar o no de un partido nuevo y plenamente democrático.

Entiendo que en nuestro país puede haber personas que, cuando se trata de partidos políticos, sólo se fijan en las apariencias, en los mensajes propagandísticos de sus líderes o en la finalidad aparente de sus intenciones. Quien crea que da igual lo que suceda de puertas adentro, puede optar por ignorar todo lo que sigue o por valorarlo. Pero que nadie se engañe: un partido, si pretende ser democrático, no puede serlo sólo de puertas afuera.

Voy a intentar responder las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo es el Estatuto que ha elaborado la Dirección de UPyD?
2. ¿Qué consecuencias previsibles en la organización y su política tendría ese texto?
3. ¿Es consecuente con el Manifiesto Fundacional?
4. ¿Qué se podría o debería cambiar?
5. ¿Existe alternativa a la Ponencia?

¿Cómo es el Estatuto que ha elaborado la Dirección de UPyD?

Se diseña una organización con diversos órganos, tanto colegiados (Consejos y Comisiones)
como unipersonales (Portavoz y Coordinadores), en tres ámbitos territoriales diferentes (nacional, autonómico y local). De entre los órganos nacionales existen varios que, por su nombre, parecerían destinados al control (Garantías, Finanzas y Electoral). Los órganos de nivel provincial son meramente utilitarios, sin apenas trascendencia.

Sin embargo, el reparto de funciones y competencias es tal que concentra prácticamente todo el poder del partido en una sola persona: el Portavoz nacional. Esto es así porque ella presenta su lista cerrada y bloqueada para la elección del Consejo de Dirección, el cual a su vez tiene atribuidas casi todas las funciones de forma directa. No sólo es el “ejecutivo” del partido, sino que también es el “policía” que vigila y el “juez” que expedienta y expulsa e incluso puede “interpretar” el Estatuto. Decide quién puede afiliarse y quién no. También se asegura la acción normativa, ya que es quien elabora los Reglamentos. Igualmente toma las decisiones políticas e incluso decide las alianzas con otras fuerzas. La política del partido va a ser elaborada y decidida por el Consejo de Dirección, en su mayor parte de forma descaradamente directa y en el resto de los casos con la colaboración de órganos que controla. Decide la composición final de las candidaturas, con excepción de los cabezas de lista. Organiza e interviene intensivamente en los procesos electorales internos, incluido el de su propia renovación. Por si sus funciones fueran pocas, controla directamente un alto porcentaje del Consejo Político y de la Comisión Electoral y puede quitar y poner dirigentes territoriales. No sé si se me olvida algo, pero ellos por si acaso se atribuyen expresamente “cualquier otra función que no venga atribuida en los presentes Estatutos a ningún otro órgano”.

Hay que sumar a todo lo anterior que la elección del Consejo de Dirección se va a hacer por un procedimiento que no ha sido aprobado en Asamblea y que se inicia antes siquiera de que el Congreso haya comenzado.

Por otra parte, existe alguna limitación de mandatos pero tan inoperante que el Estatuto permite seguir a la persona que tendrá todo ese poder como Portavoz hasta doce años consecutivos, es decir hasta finales del año 2021.

Desde el punto de vista económico, se percibe una ausencia total de control de contratación y pagos a cargos internos o personas vinculadas a la Dirección del partido. Tampoco hay mecanismos de transparencia e información de la gestión económica a los afiliados.

Existe un mecanismo de expulsión camuflado como “baja del afiliado” de forma expeditiva, sin cumplir siquiera lo exigido por la Ley Orgánica de Partidos Políticos.

El Régimen Disciplinario, las medidas cautelares y las faltas que se definen son tan limitativos y permiten una interpretación tan arbitraria (recordemos que esa interpretación es potestad del Consejo de Dirección) que pueden acallar las críticas e incluso los debates y la posible existencia de cualquier tipo de oposición interna. En un partido así, trayectorias políticas como la de Rosa Díez hubieran terminado muy, muy rápidamente.


¿Qué consecuencias previsibles en la organización y su política tendría ese texto?

El Reglamento del I Congreso que promovió la Dirección, así como las acciones que ésta viene realizando (expedientes y expulsiones de los críticos, campaña de presiones durante el pre-congreso, etc.) favorecen descaradamente la reelección de los actuales dirigentes. Una vez que la Ponencia de Estatuto se aprobase, esa misma Dirección dispondría de todo el poder del partido, así como de los mecanismos para conservarlo cómodamente durante al menos doce años (hasta 2021).

En ese período de tiempo, la toma de decisiones vertical y tremendamente concentrada, serán el caldo de cultivo para que los afiliados más serviles (por ambición clientelar o por seguimiento ciego) se incorporen a un aparato monolítico e intelectualmente pasivo. Eso, unido a las enormes limitaciones al debate y la crítica, nos llevarán a un futuro nada democrático y además completamente estéril.

Esta es la principal falacia que contiene la Ponencia de Estatuto. Se intenta justificar la ausencia de democracia interna en aras de la eficacia. Sin embargo, detrás de ello se oculta una estructura mucho peor que la de otros partidos, eficaz sólo para la conservación de los privilegios de unos pocos. Una organización así, si sobrevive, sólo será implantando en sí misma los mismos vicios que decía combatir. ¿Eficacia? Será incapaz de regenerar nada.


¿Es consecuente con el Manifiesto Fundacional?

Aunque el Estatuto es principalmente un documento organizativo, tiene un contenido político, recogido en los “Principios y fines”, que merece una especial crítica. En ellos se consuma la
renuncia a una de las señas de identidad que aglutinaron a quienes fundamos UPyD: la transversalidad. Entre otras cosas, como grave ejemplo, no existe ninguna referencia a la libertad individual y a su defensa ante el Estado. También se ha eliminado totalmente la mención a la democracia fuera de nuestras fronteras, que estaba recogida explícitamente en el Manifiesto Fundacional. En resumen, se renuncia a una buena parte de los principios liberales, que junto con los llamados genéricamente progresistas formaban parte del pacto y proyecto fundacional.

Como resumen, se puede decir que la actual Dirección de UPyD, con la Ponencia que ha elaborado, traiciona por completo a lo expuesto en la Conclusión del Manifiesto hablando de los partidos políticos, que dice: “Ninguno de los grandes partidos nacionales actuales –menos aún los nacionalistas- defiende propuestas equivalentes a las nuestras..... Ninguno, finalmente, está interesado en proponer reformas que revitalicen la democracia mermando el poder de los aparatos de los partidos en beneficio de una deliberación pública y abierta.... Estas son, en cambio, las propuestas que hace nuestro partido.”


¿Qué se podría o debería cambiar?

Lo principal que hay que cambiar se expresa muy fácilmente:

1. Implantar en el partido la división de poderes.
2. Convertir los organismos de control en independientes y serios.
3. Obligar a la transparencia ante los afiliados y la sociedad.
4. Impedir que se favorezca económicamente a cargos internos o empresas afines.
5. Que la limitación de mandatos sea real.
6. Equilibrar los derechos, los deberes y el régimen disciplinario.
7. Cumplir la letra y el espíritu de la Ley de Partidos.
8. Recuperar la transversalidad.
9. Recuperar las personas que apoyan el proyecto inicial.
10. Darle a la Asamblea la oportunidad real de decidir sobre lo que le compete.

Sin embargo, modificar todo esto no es posible mediante enmiendas parciales, ya que la mayor parte de estos diez puntos se encuentran distribuidos por toda la extensión del articulado. Tampoco tendría mucho sentido cambiar una cosa sí y otra no, porque el origen de todas ellas es el mismo: la democratización y el respeto del pacto fundacional.

Así, la opción elegida no es una enmienda tibia, de mínimos. Partiendo del esquema de la Ponencia, la Enmienda a la Totalidad del Estatuto ha sido revisada en profundidad, sufriendo (o más bien gozando) grandes cambios. Desde luego, no es la única redacción posible, pero pretende ser fiel a lo que los fundadores pactamos y a la necesidad de un partido muy diferente a los demás.

Los cambios concretos son numerosísimos, pero los más llamativos pueden ser:

Restitución de legitimidad: El I Congreso pasaría a llamarse Asamblea Constituyente. A partir de la finalización de la misma, se abre un período de 30 días en que cualquier afiliado que haya causado baja en el partido podrá obtener su readmisión mediante su simple solicitud. Los expedientes en curso y las sanciones disciplinarias quedan sin efecto. Todos los órganos del partido se considerarán “en funciones” y se abstendrán de tomar otras decisiones que las estrictamente imprescindibles para la gestión del partido. Se iniciarán los pasos previstos para la renovación de todos los órganos, incluyendo la convocatoria de la I Asamblea Ordinaria para celebrar antes de 100 días. De forma inmediata, se constituirá un Comité Electoral provisional formado por sorteo ante notario de entre las personas que figuraban como miembros del Consejo Político en la relación de fecha 29-9-2007.

Recuperación de la transversalidad: Se incorporan algunos conceptos liberales a los principios y fines del partido. Al adjetivo “progresista” se le añada también “liberal”. Entre los fines se añade: “Convertirse en modelo en lo que se refiere a la democracia interna de los partidos políticos...”.

División de poderes: El Consejo de Dirección pasa a llamarse Comité Ejecutivo, siendo sus funciones las del poder ejecutivo. Las funciones normativas pasan al Consejo Político, donde desaparecen los miembros natos, siendo todos representantes electos. Igualmente sucede con los Compromisarios de la Asamblea. Los órganos de control pasan a ser elegidos totalmente por la Asamblea. Se dota de independencia, incompatibilidad y funciones serias al Comité de Derechos y Deberes, al de Control Económico y al Comité Electoral.

Elección de cargos unipersonales, órganos colegiados y elecciones primarias: Los procesos electorales pasan a ser controlados por el Comité Electoral, sin intervención de los órganos salientes a renovar. Se fomentan los debates entre candidaturas. Se aplica la forma de elección directa para el Portavoz y los Coordinadores. Todos los órganos colegiados se eligen por listas abiertas. Se favorece la integración de candidaturas durante el proceso. Se deja abierta en algunos casos la posibilidad de voto electrónico, pero con exigencias concretas de seriedad y seguridad. Se toma en serio la limitación de mandatos. Se evita la subjetividad en la elaboración de candidaturas en los procesos de primarias.

Régimen disciplinario:Las competencias disciplinarias, de garantía de derechos y de las buenas prácticas de los cargos públicos pasan al llamado Comité de Derechos y Deberes. Se incorpora textualmente lo indicado en la Ley de Partidos. Se equilibra el régimen de derechos, deberes y faltas, permitiendo el debate y la libertad de expresión y tipificando como faltas los abusos de los dirigentes. La última instancia de apelación es la Asamblea General. Se prohíbe y tipifica la contratación arbitraria de cargos del partido, allegados o sus empresas.

Transparencia: Se obliga a publicar y poner a disposición de los afiliados la información sobre cuentas, contratación y retribuciones a cargos. También sobre el número de afiliados.

Además de todo esto, como nota anecdótica, ha sido eliminada del texto nueve veces la preposición “amén”, que pudiera parecer un tanto impropia en un Estatuto laico y siete veces el verbo “ostentar”, por haber sido mal utilizado.


¿Existe alternativa a la Ponencia?

La Dirección, al expedientar y suspender de militancia a quienes nos oponemos a su autoritarismo, muestra que no se atreve a confrontar un debate interno. Es nuestro derecho presentar candidaturas y propuestas, pero se nos niega. Después de todo, las razones para elaborar esta enmienda a la totalidad prevalecen sobre el pesimismo ante los actos de persecución y presión de que somos objeto quienes nos oponemos al secuestro del partido por sus dirigentes. Que nadie crea que se trata de un trabajo inútil, fruto de la candidez y de la falta de otras tareas veraniegas mejores. Ni de lo uno, ni de lo otro. Se trata de una necesidad por ética y por coherencia, además de un paso estratégico en la defensa del proyecto común.

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Javier Carroquino Oñate
Aragón - Zaragoza